La Constitución por consenso del siglo XIX

Siempre se ha dicho que en España el partido que estaba en el poder en ese momento implantaba una Constitución en base a sus ideales y que hasta 1978 no se consiguió una Constitución fruto del consenso. Esta afirmación es una verdad a medias, ya que, si bien es cierto que la Constitución de 1978 se aprobó por consenso y con el voto favorable de las fuerzas políticas más importantes de ese momento, hubo antes una Constitución que se aprobó por consenso por los dos grupos políticos mayoritarios que había en esa época. Esa Constitución fue la de 1837, obra del pacto entre los liberales progresistas y moderados, la cual es una de las constituciones que menos atención ha recibido, seguramente por su breve tiempo de vida, o bien porque ningún partido la consideró como propia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que establecía (fue la primera vez que aparecieron los nombres de Congreso de Diputados y Senado en una Constitución) y del contexto en el cual se aprobó. 

Como ya hemos dicho, la Constitución de 1837 se aprobó por consenso entre los moderados y los progresistas. Diversos autores han coincidido en resaltar la vocación integradora[i] y de compromiso[ii] entre las dos facciones liberales que tuvo la Constitución de 1837 para construir una legalidad común[iii]. Sin embargo, esta legalidad común fue sustituida por la Constitución de 1845, obra exclusiva de los moderados, si bien una parte de ellos, ‘los puritanos’, se opusieron a esta nueva Constitución y defendieron la Constitución de 1837 porque representaba la aceptable transacción entre los principios moderados y progresistas, el marco para la convivencia política para la mayoría de los españoles[iv].

Si bien el contexto fue propicio para la unión de los liberales (guerra carlista e influencia internacional de Francia e Inglaterra), fue la confluencia doctrinal entre las dos corrientes liberales (moderados y progresistas) la que hizo posible el pacto entre ambas, ya que durante el exilio de los liberales entre 1823 y 1833, influenciados por Bentham y los doctrinarios franceses, los progresistas se habían alejado de la Constitución de 1812 y ambas tendencias coincidían en el rechazo a esta Constitución[v].

Después del motín de la Granja (agosto de 1836) que obligó a la regente María Cristina a restaurar la Constitución de 1812 y con los progresistas en el poder, se procedió a la reforma de esa Constitución. El carácter transaccional de la Constitución de 1837 se manifiesta en tres aspectos diferentes. En primer lugar, en la amalgama de principios, unos progresistas y otros moderados, que en ella se recoge. Se estampan en su articulado premisas de marcada impronta progresista, como el dogma de soberanía nacional, la libertad de imprenta sin previa censura, el Instituto del Jurado y el de la Milicia Nacional, las amplias facultades de las Cortes en orden a la sucesión de la Corona, así como la índole electiva de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Pero al lado de estas premisas también había otras consustanciales al ideario moderado, como la flexibilidad constitucional, el bicameralismo (Congreso y Senado), el sistema electoral directo y, sobre todo, el reforzamiento de los poderes de la Corona, en detrimento de la autonomía de las Cortes: al Rey se le concede la facultad de convocar y disolver el Parlamento, así como la de suspender y cerrar sus sesiones y la de nombrar al Presidente y Vicepresidente del Senado. Pero, muy especialmente, al Monarca se le otorga la iniciativa y la sanción de las leyes, lo que lleva aparejado la posibilidad de interponer su veto de forma absoluta y no, como la Constitución de Cádiz disponía, de forma meramente suspensiva[vi].

Esta Constitución ningún partido la hacía propia y podría haber sido la base para dar estabilidad institucional y posibilitar la alternancia en el poder, pero los principales dirigentes de la época no aceptaron esta legalidad común, con lo que fue el final del consenso. Es una Constitución que no ha sido recordada por nadie, pero que puso las bases para establecer un régimen representativo y una legalidad común en España, unas bases que fueron abandonadas pocos años después por el sectarismo de algunos dirigentes políticos.

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[i] Varela, J. (2020). Historia constitucional de España : normas, instituciones, doctrinas. Madrid, Marcial Pons. Ediciones de historia.

[ii] Marichal, C. (1980). La revolución liberal y los primeros partidos en España: 1834-1844. Madrid, Cátedra, D.L.

[iii] Vilches, J. (2001). Progreso y libertad: el Partido Progresista en la revolución liberal española. Madrid, Alianza.

[iv] Cánovas, F. (1982). El partido Moderado. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

[v] Varela, J. (2013). La Monarquía doceañista, 1810-1837 : avatares, encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno. Madrid, Marcial Pons. Ediciones de historia.

[vi] Varela, J. (2015). La Constitución española de 1837: una Constitución transaccional. Revista Historia Autónoma. Nº6, 2015. p. 45-59.